El pasado 18 de Febrero de 2022 la Comisión hizo públicos los resultados de una amplia consulta pública sobre el impacto de los apartamentos turísticos en las ciudades. Las más de 5.000 respuestas válidas recogidas de empresas, proveedores de servicios, autoridades públicas, universidades, plataformas y ciudadanía de los diversos estados miembros permiten esbozar un primer análisis de cómo se perciben este tipo de servicios por parte de la sociedad civil europea.
El sesgo de la muestra
El primer problema del informe como guía de posibles políticas públicas se deriva de la composición de la muestra. Sólo el 0.5% (apenas 25) de las respuestas provienen de autoridades públicas, y un escaso 3% provienen del sector hotelero, mientras que la mayor parte proviene de personas que, bien a nivel personal (un 78%) o profesional (un 11%), se dedican al alquiler de apartamentos turísticos. No sorprende, por tanto, que la abrumadora mayoría (un 97%) opine que esta actividad comporta beneficios económicos al sector turístico. El porcentaje que no comparte esa opinión (un 3%) es igual al peso que el sector hotelero tiene en la muestra.
En cuanto al equilibrio entre el mundo rural y urbano, sólo el 61% de las respuestas provienen de este último, que sin embargo tiene un peso de un 70% en la Unión Europea. Es muy posible que la percepción de los alquileres turísticos sea diferente en el mundo rural, donde pueden ser motor de desarrollo en ausencia de otros servicios hosteleros, que el ámbito urbano, donde al margen de existir ya un mercado previo, la alta densidad de este tipo de apartamentos comporta externalidades negativas.
Aún así, la mayoría, un 53%, reconoce ciertos impactos negativos. El principal, la influencia en la subida de los alquileres; el segundo, la inseguridad. Un conjunto de externalidades negativas que pueden apreciarse mejor gracias al análisis que con grandes volúmenes de datos ha realizado el estudio 300.000 Km/s y una de cuyas imágenes ilustra este post.
Datos y transparencia
Nos interesa mucho el asunto de la compartición de datos con las autoridades (principalmente ayuntamientos) por parte de este tipo de plataformas. La mayor parte de las instituciones manifiestan necesitar acceso tanto a datos de carácter no personal (un 73%) como personal (un 27%) para desempeñar eficazmente sus políticas en este ámbito. Aunque más de un 80% de los propietarios manifiesta compartir «ciertos» datos con las autoridades, el punto de vista institucional es radicalmente opuesto: el acceso a datos de actividad sólo está al alcance del 26% de ayuntamientos en el caso de datos no personales y del 11% para datos de carácter personal.
Donde sí parece que hay acuerdo es en las razones para esta escasa transparencia: empresas, particulares e instituciones públicas reconocen la necesidad de un marco legal claro y homogéneo a nivel europeo (muchos propietarios alquilan sus apartamentos en países distintos a su estado de residencia) para la compartición de datos.
La mayoría de las respuestas coinciden en que las grandes plataformas deben estar sometidas a la obligación de compartir sus datos con las autoridades, mientras que un 22% se inclinan por suavizar esta obligación en el caso de plataformas o empresas de pequeño tamaño. Entre los beneficios que esta compartición de datos traería, los encuestados destacan el impacto positivo en el respeto a la legalidad por parte de los operadores, una disminución en la carga legal para los propietarios, mayor transparencia, un mejor conocimiento del mercado y un mayor control (incluyendo aquí el control fiscal).
APIs y servicios comunes
Finalmente, los encuestados proponen la creación de servicios comunes tanto para usuarios como para propietarios. Por ejemplo, sería beneficioso un sistema de altas y autorizaciones armonizado para usuarios en los diferentes países y a través de las diferentes plataformas. Este sistema podría, además, beneficiar posteriormente la portabilidad de datos.
En cuanto a los propietarios, también manifiestan que un sistema común de puesta en el mercado de sus apartamentos sería beneficioso y eliminaría trabas para la migración entre diferentes plataformas.
Ambas cuestiones sugieren que pudiera existir espacio para un grado mayor de participación pública en este mercado. Una plataforma pública de apartamentos de alquiler a nivel de ciudad no sólo daría garantías a propietarios y usuarios, sino que permitiría que los datos necesarios para la operación de estos servicios, así como para la conformación de políticas públicas en ámbitos adyacentes (como seguridad, limpieza, fiscalidad, etc), estuvieran en manos de las autoridades responsables de esas mismas políticas.
Y ahora ¿qué?
Una de las razones de esta consulta pública llevada a cabo por parte de la Comisión es allanar el camino para sus directivas de compartición de datos, que son, principalmente, dos: la European Data Act y la Data Governance Act (ésta última aún en fase de propuesta). El conjunto de ambas directivas ofrecerán un marco legal más claro para la compartición de datos entre empresas, entre éstas y administraciones, y entre las propias administraciones.
Lo esperable es que este marco regulatorio, combinado con los diferentes programas tecnológicos de la Comisión para la creación de APIs, espacios de datos, conectividad e Inteligencia Artificial, muevan las políticas europeas tecnológicas a una velocidad más acorde con la que avanzan las grandes corporaciones digitales. Pero, en todo caso, será necesario esperar al menos unos años (la European Data Act, por ejemplo, ha dado un año de carencia para su implementación) para conocer sus primeros resultados.
Desde nuestra posición como Chair del Grupo de Datos de Eurocities continuaremos participando en los diálogos entre ciudades y con la Comisión en este tipo de políticas.
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Imagen de cabecera de 300.000 Km/s vía 300.000 Km/s.
